Natalidad: Una mirada más allá de lo fiscal

La caída sostenida de la natalidad se consolidó como uno de los principales desafíos demográficos de la Argentina en los últimos años. Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, la tendencia se observa de manera transversal en las distintas provincias, con particularidades propias en cada territorio.

En este contexto, Catamarca publicó recientemente datos oficiales que permiten dimensionar el impacto local de esta problemática.

Al igual que en otras provincias y a nivel global, se observa un proceso de envejecimiento poblacional que se expresa en una menor proporción de personas jóvenes y un crecimiento relativo de los grupos de mayor edad. Este escenario está asociado, principalmente, a la disminución de la fecundidad y al aumento sostenido de la esperanza de vida.

La natalidad en números

De acuerdo con información elaborada por la Dirección Provincial de Indicadores de Género, la cantidad de nacimientos presenta una tendencia descendente durante la última década. El análisis de la fecundidad por grupos etarios muestra, además, un cambio en la edad en la que se concentran los nacimientos: mientras que a comienzos de la década de 2010 el mayor número de nacimientos se registraba entre mujeres de 20 a 24 años, hacia 2019 ese pico se desplazó al grupo de 25 a 29 años.

Esta dinámica se refleja con claridad en la evolución de la tasa de natalidad provincial. Según los datos oficiales, en el año 2000 se registraron 8.194 nacidos vivos, lo que equivalía a una tasa de 25,8 nacimientos por cada mil habitantes. Para 2019, en cambio, la tasa descendió a 13,9, lo que implica una reducción de casi la mitad en menos de veinte años. La caída observada en 2019 respecto de los años previos dan cuenta de un fenómeno de carácter estructural, con impactos directos sobre el mercado de trabajo, los sistemas de protección social y la planificación de políticas públicas a mediano y largo plazo.

Comisión Provincial

En este contexto, el Poder Ejecutivo provincial avanzó en la incorporación de la cuestión demográfica a la agenda institucional mediante el dictado del Decreto G.S.yJ. N.° 30/2026, que creó la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica. El objetivo de este espacio es analizar la situación demográfica provincial y elaborar propuestas de políticas públicas orientadas a promover el incremento de la tasa de natalidad, funcionando como un ámbito de articulación interinstitucional.

La Comisión prevé la convocatoria a representantes de los tres poderes del Estado, así como a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, cámaras empresariales, sindicatos y otros actores sociales relevantes. Asimismo, deberá elaborar un informe diagnóstico y propositivo con recomendaciones concretas para el Poder Ejecutivo provincial en un plazo de ciento ochenta días desde su conformación.

¿Qué criterios deberían guiar la formulación de políticas en materia demográfica? 

Los Estados cumplen un papel central en la garantía de derechos, en la construcción de marcos regulatorios y en la definición de los lineamientos políticos de una sociedad. Desde Küna, entendemos que este rol resulta clave al momento de abordar los desafíos demográficos, por ello nos proponemos abordar el debate incorporando una mirada integral que tenga en cuenta las condiciones de vida, el acceso a derechos y las distintas dimensiones sociales que atraviesan este fenómeno.

De los análisis publicados recientemente se observa que el abordaje predominante se centra en las tensiones que la transformación etaria genera sobre los sistemas educativo, sanitario y previsional, con especial énfasis en las implicancias fiscales asociadas a este último. Sin embargo, este enfoque tiende a dejar en segundo plano una pregunta clave: ¿qué condiciones estructurales existen hoy que afectan la decisión de tener hijos? 

El ritmo de vida actual resulta poco compatible con las condiciones necesarias para sostener la vida: jornadas laborales extensas, licencias insuficientes, infraestructura de cuidado limitada y una distribución profundamente desigual de las tareas, que recae mayoritariamente sobre las familias y dentro de estas sobre las mujeres.

La reproducción de la vida, que incluye garantizar alimentación, salud, educación, cuidados, vínculos y el sostenimiento cotidiano de los hogares, entra hoy en una tensión estructural con la lógica de la producción y el trabajo, porque compiten por un recurso escaso: el tiempo. Cada hora destinada al empleo es una hora menos para cuidar. En este marco, el problema demográfico no puede pensarse sólo en términos de natalidad, sino desde las relaciones de cuidado y la forma en que se organiza la convivencia entre poblaciones activas e inactivas, infancias y personas mayores. Entonces la pregunta de fondo es ¿cómo logramos una organización social más justa de los cuidados?

Actualmente, el cuidado de niños y niñas, personas mayores y/o personas con discapacidad se resuelve de manera individual o comunitaria y desreguladamente. Cada familia gestiona como puede los cuidados y la forma en que lo resuelven depende de las posibilidades económicas que esa familia tenga. 

En la Argentina, según datos del INDEC, en 2021 el 91,7% de las mujeres realizaban tareas de cuidado, frente al 75,1% de los varones. Asimismo, las mujeres destinaban en promedio 6,31 horas diarias a estas tareas, casi el doble del tiempo que los varones, que dedicaban 3,40 horas por día.

Al no considerar que la mayor parte de las tareas de crianza continúa recayendo sobre las mujeres, que persisten brechas de desigualdad en sus trayectorias laborales, tanto en el acceso al empleo como en los niveles salariales, y que los sectores de menores ingresos están integrados mayoritariamente por mujeres, se corren el riesgo de omitir las condiciones materiales que inciden en la posibilidad de tener hijos. El costo de tener hijos no es biológico, es institucional y social.

¿Qué hacer frente a este escenario?

Desde Küna entendemos que el abordaje de los cuidados es central para pensar soluciones en materia demográfica y de natalidad.  Pensar quién cuida, en qué condiciones y con qué apoyos permite avanzar hacia respuestas más justas y sostenibles frente a la baja de la natalidad.

En ese marco, proponemos algunas líneas de acción prioritarias:

• Más infraestructura de cuidados
  Ampliar y fortalecer los servicios públicos de cuidados para la primera infancia y las personas mayores, garantizando acceso equitativo y reduciendo las brechas entre hogares según nivel de ingresos. El acceso a este tipo de servicios de calidad constituye una condición central para compatibilizar las responsabilidades familiares con la inserción laboral. 
  
• Licencias parentales que promuevan corresponsabilidad

  Revisar y ampliar el régimen vigente, especialmente las licencias por paternidad, para favorecer una distribución más equilibrada de las tareas de cuidado desde los primeros meses. 
  En comparación con otros países de la región, las licencias por paternidad en Argentina presentan una duración significativamente menor. Su ampliación permitiría promover una distribución más equitativa de las responsabilidades de crianza desde los primeros momentos, con impactos positivos tanto en la organización de los hogares como en las trayectorias laborales de las mujeres.
  
• Reconocer y promover el trabajo de cuidados remunerado
  Crear un registro de trabajadoras y trabajadores del cuidado remunerado. Esto permite promover la capacitación, la certificación de conocimientos, la remuneración adecuada y el reconocimiento de profesiones, tareas y oficios considerados trabajo de cuidados, ampliando de esta manera la oferta de trabajo.  
  
• Reconocer el valor económico del cuidado
  Incorporar el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como un aporte real a la economía provincial y al bienestar social.

El momento actual ofrece una oportunidad que no puede ser desaprovechada. La Argentina atraviesa aún una etapa de bono demográfico, en la que la proporción de personas potencialmente activas supera a la de aquellas en situación de dependencia, como niñas, niños, personas mayores o personas con discapacidad. Esta ventana demográfica constituye una condición excepcional para impulsar el desarrollo, fortalecer el crecimiento económico y reducir las desigualdades estructurales.

El bono demográfico no genera crecimiento de manera automática: es una ventana de oportunidad acotada en el tiempo, cuyo aprovechamiento depende de decisiones oportunas. Invertir hoy en políticas integrales de cuidado, con acceso universal a servicios e infraestructura adecuados, permite aliviar la sobrecarga que actualmente recae sobre los hogares y, en particular sobre las mujeres y, al mismo tiempo, anticiparse a un escenario futuro en el que estas tareas ya no podrán sostenerse de forma informal.

Pensar el cuidado como una responsabilidad social y estatal no es solo una respuesta a necesidades presentes, sino una decisión estratégica orientada al bienestar y al desarrollo de largo plazo. Desde una perspectiva fiscal, concentrar las tareas de cuidado en los hogares reduce la participación en el empleo formal, limita los aportes a la seguridad social y restringe la recaudación. Por el contrario, la inversión en infraestructura y servicios de cuidado dinamiza el empleo y fortalece la actividad productiva.

Una menor inversión en cuidados no implica ahorro fiscal: se traduce en mayores costos presentes o futuros, ya sea por menor recaudación, mayor informalidad o mayor presión sobre el gasto público en el mediano plazo.

Una menor inversión en cuidados no implica ahorro fiscal: se traduce en mayores costos presentes o futuros

Reducir el costo de oportunidad de tener hijos constituye una política de Estado de carácter estructural. Avanzar en infraestructura de cuidados, ampliar y equilibrar los regímenes de licencias y revalorizar el trabajo  son algunos de los caminos centrales para lograrlo. Actuar a tiempo aprovechando el bono demográfico resulta clave: postergar estas decisiones implica enfrentar, más temprano que tarde, tensiones fiscales y productivas crecientes, con costos económicos y sociales más altos.